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Decreto Ley de Reestructuración Empresarial 

 

El 7 de julio de 2023, el Presidente Guillermo Lasso firmó el Decreto Ley de Reestructuración Empresarial, normativa que busca regular el régimen de insolvencia empresarial. Cabe recalcar que el Decreto Ley deberá ser sometido a aprobación por la Corte Constitucional para llegar a surtir efectos legales. 

Con el decreto se derogaría la Ley de Concurso Preventivo y se establecería un marco concursal eficiente para empresas insolventes. 

Reestructuración o concordato: 

La nueva ley de reestructuración empresarial establece los pasos a seguir para reestructurar una sociedad que se encuentre en estado de insolvencia, o que siendo solvente, no logre cumplir con liquidez para cumplir con sus obligaciones. Todas las empresas comerciales que están bajo la supervisión de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, incluyendo las sucursales de compañías extranjeras establecidas en el país, tienen la posibilidad de optar por el proceso administrativo de reestructuración establecido en esta ley. No obstante, este procedimiento será inaplicable para las sociedades mercantiles que ya se encuentren en estado de disolución o liquidación. 

Procedimiento: 

  • En primer lugar, se debe celebrar un acuerdo de reestructuración o concordato entre la empresa deudora y sus acreedores, con el objetivo de regular las relaciones, extinguir las obligaciones y normalizar las actividades comerciales. El acuerdo concordatario será suscrito por el administrador concursal y dos o más acreedores que sumen al menos la mitad de la deuda admitida para votación.
  • Para solicitar la reestructuración, la empresa debe presentar una solicitud a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, incluyendo información detallada sobre su situación financiera, acreedores y activos. Una vez admitida la reestructuración, la empresa será administrada por un administrador concursal designado por los socios o accionistas. 
  • Durante el proceso, la empresa puede seguir operando y ejecutando contratos necesarios para su supervivencia. Además, se otorga protección concursal que impide acciones judiciales o de cobro contra la empresa y suspende los pagos y procesos de ejecución. Esta protección se mantiene hasta la homologación del acuerdo de reestructuración.

Acuerdo pre-concursal: 

La nueva ley también introduce la posibilidad de acuerdos pre-concursales. Estos acuerdos permiten a las empresas deudoras suscribir acuerdos con sus acreedores para modificar la composición, condiciones o estructura de su activo y pasivo, incluyendo transferencias de activos, cambios operativos, establecimiento de condiciones y plazos, reducción o capitalización de obligaciones pendientes, con el objetivo de evitar la insolvencia y garantizar la viabilidad de la empresa.  

Los acuerdos pre-concursales tienen efectos legales según el artículo 2362 del Código Civil y pueden ser acordados en mediación a través de centros debidamente registrados. Cualquier empresa deudora puede iniciar negociaciones pre-concursales con sus acreedores, sin importar si se encuentra en un estado de insolvencia actual o inminente. Se considera que hay probabilidad de insolvencia cuando es objetivamente previsible que la empresa no podrá cumplir regularmente con sus obligaciones en las fechas de vencimiento, a menos que se alcance un acuerdo pre-concursal. 

Proceso abreviado:  

La Ley también incluye un mecanismo de proceso abreviado. En caso de que las negociaciones preconcursales no sean exitosas, las empresas que sospechen o estén experimentando insolvencia actual o inminente pueden solicitar una reorganización abreviada ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Para ello, el deudor puede presentar una propuesta anticipada de acuerdo de reorganización abreviado que debe incluir un plan de pagos y una justificación de su viabilidad como negocio en funcionamiento. La propuesta podrá sugerir una cesión de sus activos y pasivos a favor de sus socios o terceros, o la venta total o parcial de sus activos. 

Liquidación: 

Las empresas que opten por el proceso de liquidación simplificada deberán elaborar un plan de liquidación aprobado por la junta general de socios o accionistas. Los requisitos mínimos incluyen la designación de un liquidador, especificar cómo se venderán los bienes, establecer el plazo y las formas en que se liquidará el activo de la empresa, realizar una valuación de todos los bienes, determinar la prioridad de los créditos adeudados y detallar la distribución de los ingresos generados por la venta de los bienes. 

El plan de liquidación deberá ser presentado ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Servicios, para que en un máximo de diez días se notifique a los acreedores que tuvieren obligaciones pendientes con el deudor.